Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural «Los Pueblos Indígenas»

Este Protocolo ofrece orientaciones y directrices para la actuación de los juzgados en los procesos judiciales concernientes a personas y comunidades indígenas. Se trata de una herramienta jurídica de acceso a la justicia, que acompañará a los jueces y operadores de la justicia para comprender y atender los casos con un enfoque de derecho, y desde el abordaje de la diversidad cultural relativa a los pueblos indígenas del país.

Los derechos humanos de los pueblos indígenas son reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad”, aprobadas por la Cumbre Judicial Interamericana y ratifcada por la Corte Suprema de Justicia por Acordada Nº 633 de 2010. A estos instrumentos se suma la jurisprudencia nacional e internacional, la que abunda en precedentes y recomendaciones para la realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En el año 2016, la Corte Suprema de Justicia frmó un convenio con el Programa Proindígena de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ), con acuerdos para la ejecución de una serie de actividades tendientes a la capacitación y las buenas prácticas en la administración de la justicia intercultural con los pueblos indígenas.
Cabe destacar que una de las acciones operativas realizadas en este contexto ha sido la visita de intercambio de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia con la Ofcina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Perú (ONAJUP). De este intercambio surge la idea, hoy concretada con el Protocolo de Actuación Intercultural en el Paraguay, el que establece mecanismos para la incorporación equilibrada del enfoque intercultural en las actuaciones judiciales, en su marcha hacia la consolidación de una política judicial inclusiva en el marco de la diversidad cultural existente en el país.

Este instrumento surge en un contexto de transformación del Poder Judicial hacia la construcción de mecanismos para la consolidación del acceso a la justicia, y está organizado en ocho capítulos en los que se incorporan las normas nacionales e internacionales, la jurisprudencia y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. Contiene además un listado de principios y un glosario referido a la identidad cultural de las personas y comunidades indígenas